Conversé con Martin Clavijo, internacionalista, integrante de la secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno de Canelones.

En diciembre Uruguay se abstuvo de votar tres resoluciones en la Asamblea General de la ONU relacionadas con Palestina y con la ocupación israelí del Golán sirio.

La decisión va de la mano con el alineamiento con Israel y EEUU que tuvo el ejecutivo uruguayo desde el comienzo del conflicto que incluye, por ejemplo, abstenerse de apoyar el alto el fuego en Gaza.

De esta manera, se rompió con la tradición de política exterior del país sudamericano, que tiene como uno de sus ejes la resolución pacífica de los conflictos.

Una tradición a la que pretende volver el nuevo gobierno del frentista Yamandú Orsi cuando asuma en marzo.

El nuevo ejecutivo también buscará volver a posicionar al país como articulador regional para atender asuntos álgidos como la situación en Venezuela y la relación entre Brasil y Argentina.

Esto en un contexto de crisis de la integración regional, un esperado acuerdo Mercosur-Unión Europea y un escenario global de disputa por la hegemonía.

Conversé con Marta Valdés, vocera de la Coordinadora de víctimas de trauma ocular, de Chile.

Hace cinco años, miles de chilenos y chilenas salieron a las calles a protestar contra la desigualdad económica y social. Fueron los estudiantes de secundaria quienes a principios de octubre de 2019 comenzaron a reclamar ante el aumento de 30 pesos en el boleto del metro.

Pero las movilizaciones se extendieron durante meses a otros sectores de la población y el lema “no son 30 pesos, son 30 años” puso en evidencia las fallas de las políticas implementadas en las últimas décadas.

El ”milagro chileno” de los años setenta y el “oasis” que significaba ese país en el América Latina, según dijo el presidente Sebastián Piñera días antes del estallido, no era la realidad para millones de personas.

La represión de las protestas fue marcada por el uso excesivo de la fuerza, lo que fue denunciado por organizaciones y organismos nacionales e internacionales como el comité de Derechos Humanos de la ONU.

Entre las víctimas del accionar de Carabineros, hubo más de 400 personas que sufrieron lesiones en sus ojos a pesar de que el protocolo establece que no se debe apuntar al rostro.

Cinco de esas víctimas se suicidaron. La última persona en morir por suicidio fue Sebastián Méndez este 19 de octubre, fecha en que se conmemoró los cinco años del estallido social.

En tanto, hace dos semanas la justicia formalizó al general Ricardo Yáñez, director de Carabineros hasta la imputación, al ex director Mario Rozas y a Diego Olate, exsubdirector, por delitos de omisión de apremios ilegítimos durante el estallido social.

Conversé con Julia Castellanos Medina, coordinadora del Observatorio de niñez y conflicto armado de Colombia.

Cuando el presidente colombiano Gustavo Petro asumió en agosto de 2022, una de sus principales promesas fue llevar al país a la “paz total”.

El camino no está siendo fácil: desde que las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC firmaron el acuerdo de paz en 2016 surgieron nuevos grupos armados que rechazaron esa desmovilización.

Uno de ellos es el Estado Mayor Central, que a su interna opera en varios bloques. Desde el viernes 11 de octubre, tres de esos bloques negocian con el gobierno las condiciones para prolongar un alto el fuego bilateral.

Pero otro, conocido como frente Carlos Patiño, el sábado 12 llevó adelante un ataque en el pueblo El Plateado, en el departamento del Cauca, que fue respondido por el gobierno con un fuerte operativo.

“Al bombardear población civil nos obliga, por el principio de proporcionalidad, a bombardear sus fuerzas”, dijo el presidente Petro en sus redes sociales.

En este pico de violencia hay un sector de la población especialmente vulnerable: los niños, niñas y adolescentes.

Este lunes 14 de octubre las autoridades ofrecieron hasta 30 mil dólares para ubicar a alias Kevin, uno de los jefes del Carlos Patiño, señalado como el responsable de reclutar a los menores para que transporten municiones.

Pero el reclutamiento forzoso es solo uno de la variedad de afectaciones que tiene el conflicto armado en la vida de los más chicos.

Durante la primera mitad de este año, más de 17 mil niños, niñas y adolescentes sufrieron esas consecuencias, según el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado (COALICO).

En 1995, durante el gobierno de Alberto Fujimori en Perú, se implementó un plan de anticoncepción quirúrgica voluntaria como forma de reducir la natalidad en las zonas más pobres del país.

A pesar del nombre, la voluntad de muchísimas personas no fue tomada en cuenta. Alrededor de 320 mil mujeres fueron esterilizadas y se realizaron 22 mil vasectomías entre los años 1996 y 2000. La mayoría de esas cirugías se realizaron con "irregularidades” explicó la vocera de la Asociación de Mujeres Peruanas afectadas por las esterilizaciones forzadas, María Esther Mogollón, con quien conversé.

Fujimori murió en setiembre en libertad por cuestiones humanitarias, aunque pesaban sobre él dos penas por masacres. A la vez era investigado por otras violaciones a los derechos humanos, entre ellas, las esterilizaciones forzadas.

Con su muerte ya no puede ser juzgado pero la causa anteriormente había pasado nuevamente a fiscalía. Las víctimas piden ahora que se haga la denuncia judicial para retomar el proceso y juzgar a los ex ministros de Salud de y otros funcionarios.

Más allá de ese proceso judicial, la Corte Superior de Justicia avaló una demanda de amparo presentada en 2021 por un grupo de víctimas y mandató al Estado peruano a tomar medidas de reparación. Hace dos semanas se realizó un primer encuentro con representantes del ministerio de Justicia para empezar con ese proceso.

Entrevista a Hilda Hernández Rivera, madre de César Manuel González Hernández, uno de los 43 estudiantes desaparecidos.

Este 26 de setiembre se cumplen 10 años de la desaparición de 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en México.

Los estudiantes pretendían ir a la conmemoración de la masacre de Tlatelolco en la capital y para eso capturaron buses locales para trasladarse. Se trataba de una práctica habitual, sin embargo, al salir de la terminal de Iguala, en Guerrero, los coches fueron interceptados y atacados por la policía local.

Seis personas murieron, 40 sufrieron heridas y 43 estudiantes continúan desaparecidos hasta hoy.

El gobierno de ese momento de Enrique Peña Nieto informó que los normalistas habían sido secuestrados por la policía y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, que incineró sus cuerpos.

Posteriormente la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evidenció la falsedad de esa versión aunque demostró que sí hubo conexión entre Guerreros Unidos y agentes oficiales.

Al asumir en 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador, que deja el cargo este 1 de octubre, prometió resolver el caso pero las familias consideran que "los engañó" y que obstaculizó la investigación.

Con la nueva presidencia de Claudia Sheinbaum, los padres y madres de los 43 estudiantes esperan llegar a la verdad sobre el paradero de sus hijos.