Conversé con Julia Castellanos Medina, coordinadora del Observatorio de niñez y conflicto armado de Colombia.

Cuando el presidente colombiano Gustavo Petro asumió en agosto de 2022, una de sus principales promesas fue llevar al país a la “paz total”.

El camino no está siendo fácil: desde que las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC firmaron el acuerdo de paz en 2016 surgieron nuevos grupos armados que rechazaron esa desmovilización.

Uno de ellos es el Estado Mayor Central, que a su interna opera en varios bloques. Desde el viernes 11 de octubre, tres de esos bloques negocian con el gobierno las condiciones para prolongar un alto el fuego bilateral.

Pero otro, conocido como frente Carlos Patiño, el sábado 12 llevó adelante un ataque en el pueblo El Plateado, en el departamento del Cauca, que fue respondido por el gobierno con un fuerte operativo.

“Al bombardear población civil nos obliga, por el principio de proporcionalidad, a bombardear sus fuerzas”, dijo el presidente Petro en sus redes sociales.

En este pico de violencia hay un sector de la población especialmente vulnerable: los niños, niñas y adolescentes.

Este lunes 14 de octubre las autoridades ofrecieron hasta 30 mil dólares para ubicar a alias Kevin, uno de los jefes del Carlos Patiño, señalado como el responsable de reclutar a los menores para que transporten municiones.

Pero el reclutamiento forzoso es solo uno de la variedad de afectaciones que tiene el conflicto armado en la vida de los más chicos.

Durante la primera mitad de este año, más de 17 mil niños, niñas y adolescentes sufrieron esas consecuencias, según el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado (COALICO).