Conversé con Marta Valdés, vocera de la Coordinadora de víctimas de trauma ocular, de Chile.

Hace cinco años, miles de chilenos y chilenas salieron a las calles a protestar contra la desigualdad económica y social. Fueron los estudiantes de secundaria quienes a principios de octubre de 2019 comenzaron a reclamar ante el aumento de 30 pesos en el boleto del metro.

Pero las movilizaciones se extendieron durante meses a otros sectores de la población y el lema “no son 30 pesos, son 30 años” puso en evidencia las fallas de las políticas implementadas en las últimas décadas.

El ”milagro chileno” de los años setenta y el “oasis” que significaba ese país en el América Latina, según dijo el presidente Sebastián Piñera días antes del estallido, no era la realidad para millones de personas.

La represión de las protestas fue marcada por el uso excesivo de la fuerza, lo que fue denunciado por organizaciones y organismos nacionales e internacionales como el comité de Derechos Humanos de la ONU.

Entre las víctimas del accionar de Carabineros, hubo más de 400 personas que sufrieron lesiones en sus ojos a pesar de que el protocolo establece que no se debe apuntar al rostro.

Cinco de esas víctimas se suicidaron. La última persona en morir por suicidio fue Sebastián Méndez este 19 de octubre, fecha en que se conmemoró los cinco años del estallido social.

En tanto, hace dos semanas la justicia formalizó al general Ricardo Yáñez, director de Carabineros hasta la imputación, al ex director Mario Rozas y a Diego Olate, exsubdirector, por delitos de omisión de apremios ilegítimos durante el estallido social.